José García-Tapial y Fernando Mendoza, arquitectos
Los últimos días del anterior equipo municipal y los primeros del Alcalde Zoido han sido pródigos en noticias y declaraciones sobre la dichosa torre . Se ha hablado sobre “derechos adquiridos “ y “hecho irreversible” como si algo ilegal generara derechos y no tuviera marcha atrás. Muchas de las afirmaciones intentan forzar a la Unesco y a la nueva Corporación a mantener las muy discutibles decisiones del ex equipo PSOE- IU para seguir construyendo un edificio que es ilegal desde sus comienzos. Algunas son ridículas, como que la torre no afecta al paisaje histórico de Sevilla dado que éste es sólo el que se ve desde la calle Betis (¿tal vez desde el restaurante Abades?). Otras, como el ofrecimiento de un nuevo puente (pagado con dinero público para favorecer a una banca privada) y la inmediata entrada en servicio del apeadero de la Cartuja y la instalación de un “sistema de pasillos rodantes en altura” desde el apeadero hasta la Torre, efectuados por el Presidente de Cartuja 93, no son sino cortinas de humo que pretenden dar por descontado que la torre se va a construir. Otros artículos inciden en la catástrofe que sería para Sevilla que se pararan las obras en cuanto al desempleo. Todo, en busca de la ceremonia de la confusión y que, mientras tanto, continúe la marcha del rascacielos.
No nos sorprende. Desde el inicio de este proyecto, sus promotores se han comportado igual, siempre con el lema “el que da primero, da dos veces” y al amparo de la Alcaldía. Han ocultado desde el principio la torre, negándose innumerables veces a su debate público, obligatorio según el Convenio Europeo del Paisaje. Han negado la consulta de la documentación del proyecto, sabiendo perfectamente que los temas urbanísticos son legalmente públicos; han intentado paralizar los procesos judiciales en curso con varios subterfugios; han puesto cuantas trabas han podido a un debate sobre este proyecto, que no olvidemos, es obligatorio según la legislación vigente andaluza y nacional. En fin, se han comportado de manera antidemocrática y autoritaria, actitud impropia de su obligación de garantizar la participación en el planeamiento y el respeto al paisaje heredado.
La Real Academia de San Fernando , en su informe de 1 de Febrero de 2010 sobre el impacto de la torre Cajasol establece en su punto 5 que “……la ciudad de Sevilla, las orillas y el paisaje de su río Guadalquivir, así como la isla de la Cartuja, exigen un cuidadoso tratamiento para todo aquello que no está formalmente declarado en espera de un verdadero y detallado plan de protección, si es que de verdad creemos que (Sevilla) es una ciudad excepcional. En este punto la normativa debe ser clara, evitar lagunas y no dejar abierta una posible interpretación interesada de aquella, de tal forma que no se repitan este tipo de casos que, dentro y fuera de nuestro país, nos dejan en una posición incómoda, en desacuerdo con el nivel de nuestro desarrollo económico y cultural.”
Pero al final, volvemos al principio. Hay un Plan General que fija una edificabilidad máxima de 68.000 m2. Que establece una altura máxima en este solar de cuatro plantas , al ser un suelo terciario. Que indica que hay que construir básicamente un centro comercial. En cambio la triada formada por Ayuntamiento de Sevilla- Cajasol- Junta de Andalucía han diseñado o permitido, con ocultación y alevosía, un conjunto que vulnera totalmente este Plan General: Han casi duplicado la superficie máxima edificable, han establecido una altura de 37 plantas en vez de 4 y quieren construir básicamente oficinas en vez de un centro comercial. Estas son las verdades del barquero: desde una Caja de Ahorros y en connivencia con las Administraciones se ha planteado un proyecto ilegal, por muchas vueltas que le den, en el marco de una gran operación especulativa favorecida desde el Ayuntamiento. En el camino han desoído a aquella administración que los ha contradicho (Consejeria de Obras Públicas) y al Comité de Patrimonio Mundial en dos ocasiones: cuando se solicitó la suspensión cautelar de las obras (Sevilla 2.009) y cuando se solicitó la reconsideración del proyecto (Brasilia 2.010). A nosotros, como sevillanos, nos parece gravísimo que se ofenda así a la máxima autoridad cultural mundial , nos avergonzamos de las Administraciones que lo han hecho posible y lamentamos el daño al prestigio internacional producido a Sevilla y su patrimonio.
Pero la nueva Corporación sevillana lo tiene fácil: La revisión de las licencias que ha prometido el nuevo Alcalde no es hacer nuevos papelitos, ni creerse las nuevas cortinas de humo para consolidar esta situación de hecho: es devolver la legalidad perdida a la parcela; declarar la nulidad de las licencias de obra como se ha reclamado mediante recurso contencioso administrativo ; reconocer a Cajasol solo los derechos edificatorios que le concede el Plan General y que, mientras tanto, se redacte un modificado del proyecto que cumpla con todos los requisitos y que siga la obra en aquellas partes que no sean ilegales. Tan fácil como eso. Pero también exigir responsabilidades a quienes han actuado de esta forma tan indigna y contraria a los intereses de la ciudad.
Ah, y por mucho puente que intenten colocar sobre el fondo de saco del río, el problema del atasco de tráfico que generará el gigantesco aparcamiento de 3.100 plazas no tiene solución si el edificio se construye para oficinas con horas punta. Según los cálculos del arquitecto Jaime López de Asiaín, se necesitará un mínimo de tres horas para salir del atasco. Para resolver el problema sería necesaria una ingente inversión pública en nuevos accesos al Aljarafe. Un centro comercial y hotelero como prevé el PGOU, por el contrario, carece de horas punta porque se entra y sale continuamente, sin crear cuellos de botella.
El Alcalde Zoido ha hecho importantes promesas durante la campaña electoral en relación a la “operación Cajasol”. Es consciente del rechazo que suscita la torre en la mayoría de sevillanos a quienes debe su elección. Pero si la nueva Corporación cae en la trampa que le están poniendo, aceptando hechos consumados y careciendo de ideas claras sobre este fraude, se hará cómplice de un escándalo que, tarde o temprano, tendrá una conclusión en los tribunales de Justicia. Entonces si que se pararán las obras y todo el tinglado se vendrá abajo como una torre de naipes marcados.
