La era Monteseirín dilapida los ingresos del PGOU de la próxima década
Hace ocho años, cuando el PSOE ganaba por última vez unas elecciones municipales y Alfredo Sánchez Monteseirín se disponía a formar gobierno con Izquierda Unida, los colaboradores del alcalde celebraron la victoria al grito de ¡Urbanismo! ¡Urbanismo!. Entre ellos un peculiar compañero de viaje político que hasta entonces había sido el director del Plan Estratégico, Manuel Marchena, y que estaba llamado a ocupar el máximo escalafón técnico de la Gerencia, la joya más preciada de la política municipal en 2003.
Había acabado el mandato de coalición con los andalucistas, quienes asumieron la gestión urbanística gracias al pacto que desbancó del gobierno a la lista más votada en 1999, la de Soledad Becerril. A pesar de ser minoría, el PA exigió Urbanismo junto al Metro como condición para que Monteseirín fuera alcalde. Era un momento clave, pues el Ayuntamiento se disponía a revisar el Plan General de Ordenación Urbana de 1987, la máxima norma de planeamiento municipal que entre sus muchas posibilidades, además del diseño de la ciudad futura, permite la recalificación de suelos y la concesión de edificabilidad con la consiguiente creación de plusvalías que bien gestionadas deberían garantizar la salvaguarda económica municipal para muchos años. Aquel mandato de socialistas y andalucistas trazó los aspectos básicos del Plan, principalmente su difusión pública, pero la atractiva tela quedó por cortar para el futuro gobierno.
Curiosamente, el Urbanismo fue el argumento electoral más utilizado en las elecciones de 2003 por PSOE e IU que en una estrategia conjunta acuñaron el lema «urbanismo bajo sospecha» para atacar a los andalucistas, gestores en los anteriores años de esta cartera, y de paso a los populares argumentando la existencia de una agenda oculta de éstos con los propietarios de Tablada para edificar en la dehesa, un suelo que socialistas y comunistas prometían convertir en un extraordinario parque metropolitano como puerta de Doñana.
El argumento electoralista del «urbanismo bajo sospecha», que no tenía sustento en ninguna denuncia concreta y menos ante los juzgados, dio éxito a quienes la proyectaron en esa campaña y la siguiente, en la que PSOE e IU prometían gestionar un «urbanismo social» frente a los especuladores.
El suelo de TUSSAM
La primera medida política adoptada por el nuevo «gobierno de progreso» parecía ir en esa línea, aunque sus consecuencias fueron fatales precisamente para un servicio publico como el de Tussam. Izquierda Unida exigió la paralización de la venta por subasta de las cocheras de la empresa municipal que había cerrado el anterior gobierno de socialistas y andalucistas y que suponía para Tussam su supervivencia económica con el ingreso de 40 millones de euros. El nuevo gobierno, del mismo alcalde, reservó el suelo para vivienda protegida, anuló la subasta, tuvo que indemnizar posteriormente a la constructora a la que se le había adjudicado y dejó a Tussam en una situación de quiebra técnica que no ha podido superar todavía y que amenaza la continuidad de un servicio público fundamental para la ciudad. Las obras de las viviendas protegidas que anunció el Gobierno, bajo la premisa de que los desfavorecidos también podían vivir en la milla de oro, no han concluido.
Pronto se pervirtió definitivamente el contenido social de la gestión urbanística del Gobierno de progreso. No se entiende de otra forma la actuación auspiciada por el gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, cuando autorizó la entrega de dinero en metálico a los chabolistas de Bermejales para que abandonaran la zona donde estaba previsto construir una promoción de viviendas. El primer gran escándalo del anterior mandato estaba servido. Buena parte de estos chabolistas empleó el dinero en «comprar» una vivienda en el Polígono Sur, la gran mayoría sin papeles. Aquella especial forma de entender la erradicación del chabolismo por el nuevo gobierno de PSOE e IU trajo otra consecuencia social que no ha solventado todavía: el Polígono Sur pidió la salida de los nuevos inquilinos acusando al Ayuntamiento de incrementar la marginalidad de la zona.
Hoy, aquellos chabolistas siguen habitando en el Polígono Sur sin que eso haya dejado de ser un foco de conflictos en el barrio. No es la única reivindicación pendiente en el Polígono Sur, uno de los argumentos más utilizados en el proceso electoral de 2007. Sus vecinos consideran muy lento el desarrollo del plan integral de mejora impulsado por las administraciones y que, al menos, ha logrado la remodelación de varias torres de edificios de viviendas con la intención de normalizar la zona más conflictivas, actuaciones llevadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía.
Otra de las obras prometidas en el entorno del área más marginal del barrio, como es el Parque del Guadaíra, sigue a la espera de su construcción, a pesar de haber sido licitadas las obras en el anterior mandato. Se trata de otro de tantos proyectos afectados por incidencias fácilmente previsibles, como la «aparición» de líneas subterráneas de fibra óptica no advertidas en los planos, que obligaron a redactar un nuevo proyecto, entre otros inconvenientes surgidos durante los últimos siete años de gobierno.
Aquel primer gobierno PSOE-IU recibía además otro asunto urbanístico enquistado y no precisamente de actuación en zona marginal, como era el proyecto Puerto Triana, por el que diversos inversores planeaban desarrollar urbanísticamente los terrenos de la zona sur de la Cartuja y la Expo 92. El proyecto, numerosas veces reformado y con sucesivos cambios de promotores, fue bloqueado por la Junta de Andalucía a cuenta de su edificabilidad comercial durante el mandato de socialistas y andalucistas. El acuerdo de gobierno de socialistas y comunistas incluyó el desbloqueo de Puerto Triana, no sin antes imponer la salida de capital privado que no fuera el de las cajas de ahorro para justificar de alguna forma el carácter «semipúblico» del proyecto. En 2004, el entonces delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, presentaba la fórmula para desbloquear Puerto Triana, desde entonces dejó de encontrar inconvenientes en la Administración. Los responsables del proyecto en pleno proceso de fusión de las cajas sevillanas en Cajasol aceptaron quedarse con la tarta urbanística adquiriendo las participaciones de los socios privados y se dispusieron a edificar sobre una parcela de 57.000 metros cuadrados. Convocaron un concurso internacional arquitectónico que finalizó con la elección del presentado por César Pelli, una torre de 178 metros cuya primera piedra se colocó a finales de 2006. Las obras siguen en la Cartuja a pesar de la polémica que suscitó el proyecto por su impacto visual, aspecto estético y de patrimonio del que sigue pendiente la Unesco, como por lo que puede suponer de conflicto urbano en el entorno al no prever mejoras sustanciales de tráfico, etc. La conocida como Torre Pelli ha sido, con todo, uno de los iconos de la gestión de los últimos gobiernos municipales que lo utilizaron como emblema de modernidad. El símbolo urbanístico del capitalismo, un rascacielos, rompería el sky line de Sevilla con el visto bueno de socialistas y de comunistas. No extraña que para estos últimos, el asunto no sea precisamente de sus preferidos a la hora de debatir sobre Urbanismo.
La Torre Pelli, como tal, ni siquiera se incluyó en el PGOU, cuya aprobación definitiva era la principal misión del primer gobierno PSOE-IU. El Plan fue aprobado en 2006.
Los convenios
Eso tampoco fue óbice para que desde los primeros meses de 2003, Urbanismo, a través de su gerente, firmara una ingente cantidad de convenios con propietarios de suelo a cuenta de las plusvalías generadas por el plan. El modelo de gestión del Plan permitía esta forma de actuar por la que los propietarios, a cambio de la recalificación, se comprometían a abonar determinadas cantidades para asegurar en el futuro la urbanización del entorno de los suelos a desarrollar. Esta participación en la financiación de los sistemas generales, así como en la mejora medioambiental permitió al Ayuntamiento conseguir más de 720 millones de euros en metálico destinados a financiar actuaciones de urbanización de las zonas de expansión territorial de la ciudad, además de obras singulares de infraestructuras como la ronda SE-35. El Ayuntamiento, no obstante, ha utilizado durante el actual mandato este dinero en su integridad para financiar proyectos acometidos en la ciudad consolidada que, por diferentes causas, siempre acumularon retrasos y sobrecostes, como la reurbanización de la Alameda o la Encarnación. Tan sólo cuatro años después de aprobado el PGOU, el Ayuntamiento había agotado los fondos que promotores, constructores y particulares adelantaron al Plan para asegurar los desarrollos futuros de la ciudad en un plazo no inferior a diez años, vigencia que tiene el actual plan. La patronal de la construcción amenazó con llevar el caso a los Tribunales tachándolo de auténtica estafa, pero finalmente alcanzó un acuerdo no cuantificado con el actual delegado de Urbanismo,
Manuel Rey.
Rey ha sido el tercero de los titulares de la delegación durante los dos últimos mandatos. Su antecesor, Alfonso Rodriguez Gómez de Celis, actual director general de Vivienda de la Junta de Andalucía dejó el Ayuntamiento para pasar a la Junta tras haberse agotado sus opciones a suceder a Monteseirín como candidato socialista. Celis había sucedido en el cargo a Emilio Carrillo, uno de los baluartes del Gobierno de Monteseirín, del que fue vicealcalde, y que después de llevar adelante la política urbanística de la ciudad en un periodo clave dimitió en 2009 por desencuentros con el alcalde y su equipo, desencadenando una de las mayores crisis internas del gobierno local.
El sueño
Pero sigamos con el PGOU, presentado como una biblia para la transformación de la ciudad por una propaganda oficial que le otorgaba la capacidad de ser el instrumento para «la construcción de un sueño» o la garantía para desarrollar «la ciudad de las personas»; una simplista fórmula de dar publicidad a un instrumento que también permitió al Gobierno municipal auspiciar las mayores recalificaciones y ventas de suelo de la ciudad en las últimas décadas.
Así ocurrió con los terrenos de Mercasevilla, cuya venta investiga la juez Mercedes Alaya, caso en el que están imputados el ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, y el teniente de alcalde y candidato de IU, Antonio Rodrigo Torrijos. La fórmula propuesta por éste último para la venta mediante concurso y no subasta pública tiene para la juez visos de ilegalidad. Los gestores municipales de Mercasevilla adjudicaron los terrenos a una constructora que ofrecía 50 millones de euros menos que otra participante en el concurso, aspecto que se justificó para evitar una «especulación» en el precio final de las viviendas a construir, aunque nunca se determinó en el contrato cuál debería ser ese precio máximo. Sin embargo, Mercasevilla, empresa pública, dejó de recibir 50 millones de euros mientras se desangraba económicamente por una caótica gestión, ahora descubierta por la investigación judicial, que llena de incertidumbre el futuro del mercado central y sus trabajadores.
La euforia del ladrillo
Pero aquellos tiempos eran los de la euforia del ladrillo, luego tan denostado políticamente. De esa euforia participó ampliamente el Ayuntamiento, que no sólo recalificaba sino que presentaba como logro propio un proyecto privado como el que proponía reunir a cuatro grandes de la arquitectura internacional para diseñar el plan parcial de los terrenos de la antigua Cruzcampo. Otro sueño fallido.
En ese contexto, el Ayuntamiento abandera la ampliación de Fibes, uno de los proyectos en los que la ambición estaba más que justificada para que estuviera a la altura de la ciudad. Monteseirín se propuso que fuera una obra singular, cuyo diseño encomendó al arquitecto Vázquez Consuegra. Pero, ¿quién pagaría? La ambición del alcalde no se correspondió con la atención prestada por otras instancias, especialmente el Gobierno de Rodríguez Zapatero —que sí subvenciona la obras del palacio de congresos de León—. Así las cosas, la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa, ha tenido que asumir la mayor parte del coste de la obra, a punto de culminar.
Vivienda y barrios
No sólo Fibes ha modificado la que debe ser función social preferente de Emvisesa, cuya positiva gestión en cuanto a vivienda pública —el Gobierno habla de 7.000 viviendas construidas— se ha ido enfriando, al tiempo que el mercado inmobiliario caía. Emvisesa también se hizo cargo de construir colegios y centros de salud, competencia de la Junta de Andalucía, Administración a la que ni siquiera el Ayuntamiento ha obligado a cumplir sus proyectos en la ciudad, como la construcción del edificio que habría de sustituir al derribado Equipo Quirúrgico, hoy solar en la avenida Menéndez Pelayo. Tampoco el urbanismo municipal fue un dechado de virtud en estrategia a la hora de intentar desbloquar grandes proyectos como la construcción de la Ciudad de la Justicia. El Ayuntamiento llega al final de ciclo sin alcanzar tampoco un acuerdo para la polémica mezquita cuya ubicación negoció unilateralmente con la comunidad islámica en Bermejales y luego en San Jerónimo.
Eso sí, la actuación en barrios ha sido una de los aspectos que han enorgullecido más al gobierno local, que destaca entre otras actuaciones el boulevard de Bellavista y una ingente cantidad de obras menores en los distritos, amén de las actuaciones de peatonalización, ya analizadas en el apartado de Movilidad. Posiblemente, la mayor actuación en Urbanismo referida a todo un barrio haya sido la rehabilitación integral de Regiones Devastadas. El PP dio la voz de alarme sobre la situación de este barrio en los plenos del Ayuntamiento y el Parlamento obligando al Gobierno a afrontar el proyecto con ayuda financiera del Estado, un proyecto modelo para aplicar en otras zonas en similares circusntancias.
Oxígeno
El apoyo económico estatal, ausente en Fibes, sí ha permitido actuaciones singulares, como las de las obras del Charco de la Pava y San Jerónimo de la Confederación Hidrográfica, que no les ha dado tiempo a inaugurar. Otros planes estatales y regionales de inversiones han permitido financiar proyectos como los pasos subterráneos del Tamarguillo y Bueno Monreal, muy retrasados o la recién inaugurada biblioteca del Paseo Juan Carlos I, así como un buen número de obras de viario.
Casco Histórico
Más polémicas fueron otras actuaciones en el Casco Histórico. El Gobierno renunció a dejar su impronta, que considera paradigma de la modernidad, aunque ésta se pretenda reflejar en la nueva fuente de marmol blanco ubicada en las obras del entorno del Cristina —cuarta actuación en el mandato— que podría decorar cualquier paseo marítimo de cualquier pueblo venido a más. Controvertidas fueron las actuaciones en la Alfafa y en especial la reurbanización de la Alameda, cuyo retraso y sobrecoste supuso un avance de lo que esperaba a la ciudad con un proyecto considerado «estrella» desde el anterior mandato, que ha sido inaugurado en la última hora del última día: Metropol Parasol. Con independencia de los debates estéticos y de la oportunidad de la obra y su ubicación, abiertamente criticada. Las «setas», como pronto las denominó la ciudad, han supueso un coste de cien millones de euros del Ayuntamiento para lo que es una concesión administrativa de un espacio público a la constructora Sacyr.
Otros proyectos «singulares» tuvieron todavía peor suerte, como la Biblioteca del Prado, diseñada por Zaha Hadid, paralizada por los Tribumales debido a la decisión presuntamente irregular y extrañamente perseverante del Gobierno de la ciudad de ubicarla en una zona verde consolidada. Las tripas de la obra parada a la espera de la inminente decisión del Supremo es otro monumento para reflexionar sobre la gestión del Urbanismo hispalense de los últimos años.
Y la Gavidia
Pero si hay un proyecto paradigmático de esa gestión, es la Gavidia. Un auténtico despropósito. El Ayuntamiento pagó 10 millones de euros al Estado por un edificio en ruina calificado como de uso público, cedió además cinco parcelas para la construcción de otras tantas comisarías que necesita la ciudad, pero no incluyó plazos en el contrato de compra venta. Desde 2003 el céntrico edificio está abandonado y sólo se han edificado dos comisarías. La intención del Ayuntamiento era reutilizarlo como sede de la recaudación municipal —un uso cuestionado ante la falta de equipamientos de barrio en el centro y por ser un foco de atracción administrativo en una zona de difícil accesibilidad tras la aplicación del Plan Centro—. El PGOU le obliga a mantener su uso público, pero ante la incapacidad de usarlo para este fin intentó otorgarle uso comercial parcial. Nadie quiso la Gavidia. En las postrimerías de este mandato, el Gobierno municipal anunció que modificaría el PGOU para ofertar la venta de edificio con uso comercial total. El pliego de condiciones no ha sido redactado —la catalogación, estado y cimentación del edificio no lo hacen precisamente un negocio fácil— y no se ha iniciado el procedimiento administrativo para modificar el PGOU. Sin embargo, los ingresos virtuales de la supuesta venta ya han sido computados para cuadrar el presupuesto municipal vigente y enmascarar la ruina del Ayuntamiento que debería estar gozando del colchón económico que le garantizaba la gestión del PGOU.
Con todo, no extraña que en este final de mandato el debate de Tablada siga siendo recurrente ocho años después de aquella campaña de 2003 con prácticamente los mismos protagosnistas. Hoy Tablada, un sueño por construir para las personas; verde sobre plano, pero idéntica en apariencia a la que sirvió de percha al reclamo electoral de los «enemigos de la especulación» no es el parque prometido pero curiosamente se ha convertido en la única porción de terreno libre tras colmatar el plan el 90% del término municipal. Un terreno blindado por un PGOU que este gobierno ha demostrado se puede modificar a conveniencia. Por todo esto y más —sería muy tedioso abordar la gestión interna de la Gerencia— el urbanismo de los últimos mandatos en Sevilla puede llevar aparejado muchos términos, aunque el de «social» resulta demasiado pretencioso o, cuanto menos, engañoso.
