TORRE CAJASOL ¿UNA TRAMITACIÓN IMPECABLE? II

José García-Tapial y León / Fernando Mendoza Castells, arquitectos.

En el artículo anterior comentábamos como el nuevo alcalde de Sevilla, Don Juan Ignacio Zoido, ha repetido varias veces su intención de revisar las licencias de obras de la torre Cajasol y, que esperaba que su tramitación hubiera sido “impecable” para evitar las dudas al respecto de su legalidad. Revisábamos las manifiestas irregularidades cometidas, en especial contra el Plan General de la ciudad.

Nos centraremos ahora en la tramitación singular que se hubiera tenido que realizar, con carácter previo a la concesión de las licencias de obra, dado el carácter colosal del edificio, fundamentalmente por su altura. Estos requisitos hubieran sido imprescindibles para conseguir una tramitación “impecable”.

¿Ha cumplido el Ayuntamiento de Sevilla todas las funciones que el Plan General le encomienda en su artículo 9.4.2 para la protección del paisaje de Sevilla? Este artículo establece que “se reconoce el derecho de los ciudadanos del municipio de Sevilla a disfrutar del paisaje heredado” y establece al Ayuntamiento de Sevilla como “garante último del citado derecho al paisaje, debiendo ejercer las funciones de información, fomento, asesoramiento, regulación, vigilancia y sanción, en relación con la implantación o el desarrollo de los usos e intervenciones con mayor incidencia paisajística. Para la aplicación y desarrollo de los anteriores principios generales el Ayuntamiento de Sevilla elaborará, en el plazo de un año desde la aprobación definitiva del Plan General, una Ordenanza de Paisaje Urbano en base a los criterios que se desarrollan desde el Artículo 9.4.3 al Artículo 9.4.11.”

Han pasado cuatro años desde la aprobación definitiva del Plan General y aún no se ha redactado.

¿Se ha tenido en cuenta esta normativa en la tramitación de las licencias de obra?

La ciudad de Sevilla tiene inscritos como Monumentos de Interés Mundial la Catedral-Giralda, el Alcázar y el Archivo de Indias. Por ello el Estado Español está sujeto al cumplimiento de la Convención del Patrimonio Mundial y de sus condiciones y características.

Alterar el paisaje urbano en el que se insertan los Bienes del Patrimonio Mundial sevillanos debe interpretarse como una alteración de las condiciones de integridad y de autenticidad con que existían en el momento de su inscripción. El rascacielos vulnera el párrafo 82 de las Directrices en el que se señalan los atributos de autenticidad, expresando explícitamente “la localización y el entorno” de los Bienes. Además, el párrafo 83 señala que los “atributos como espíritu y sensibilidad no se prestan con facilidad a una aplicación práctica de las condiciones de autenticidad, pero constituyen importantes indicadores del carácter y el espíritu del lugar”.

¿Se ha tenido en cuenta en la tramitación de las licencias de obra estas características de Sevilla? ¿Se estableció comunicación con el Centro de Patrimonio Mundial para solicitar autorización del rascacielos?

¿Se ha cumplido en la tramitación de las licencias de obra la Directiva de la Unión Europea 857337/CEE de 27 de junio de 1985: “Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio Ambiente.”?

El Consejo de Europa considera, en esta Directiva, “que la autorización de los proyectos públicos y privados que puedan tener repercusiones considerables sobre el medio ambiente sólo debería concederse después de una evaluación previa de los efectos importantes que dichos proyectos puedan tener sobre el medio ambiente”. Es evidente que en la autorización del rascacielos Cajasol no ha existido ninguna evaluación previa de sus efectos sobre el medio ambiente. Además, la Directiva establece la participación pública en esta evaluación: “Dicha evaluación debe efectuarse tomando como base la información apropiada proporcionada por el Promotor y eventualmente completada por las autoridades y el público interesado en el proyecto.” Resulta evidente que esta evaluación no se ha realizado y que la información ha sido cuidadosamente ocultada al público.

En el artículo 2 de la Directiva se especifica que:

“Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones.” El proyecto no ha tenido una evaluación previa ni por su naturaleza, por sus dimensiones, ajenas a la ciudad, o su localización, en el nudo de tráfico más congestionado de Sevilla.

¿En la tramitación de las licencias se consultó previamente previamente, como era preceptivo, con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) debido a la altura del edificio? El Ayuntamiento de Sevilla ¿remitió el expediente a esta Agencia con carácter previo a la concesión de las licencias a pesar de que el Decreto 584/72, modificado con el Real Decreto 1541/2003 así lo exige al tener el edificio una altura superior a 100 metros?

Como podemos verificar, la tramitación de este proyecto ha sido todo menos “impecable”. Suponemos que el señor Zoido actuará en consecuencia.