Denuncian en la Fiscalía la gestión de la licencia para la Torre Pelli

ABC de Sevilla

Publicado Sábado , 27-02-10

J. J. B. SEVILLA
Los profesionales y colectivos reunidos en la Plataforma contra la Torre Pelli presentaron el pasado día 19 ante la Fiscalía de Sevilla una denuncia para que se investigue el proceso de concesión de las licencias de obras a la Torre Cajasol por parte de la Gerencia de Urbanismo, al entender que pudiera constituir una conducta delictiva contemplada en el artículo 320 del Código Penal relativo a las construcciones no autorizadas en lugares especialmente sensibles.

La denuncia se sustenta en cuatro puntos. El primero hace referencia a la supuesta aceptación por parte de la Gerencia de Urbanismo de una fianza aportada por la promotora «Puerto Triana» en una cantidad inferior a la que le correspondería. Según los denunciantes, para la concesión de la licencia de obras por fases es obligatorio constituir una fianza que comprenda el coste total de la reposición de los terrenos a su estado original. Sin embargo, a juicio de éstos, la fianza depositada por la promotora, de 2,8 millones de euros, «sólo cubre la reposición de las tierras excavadas para construir el aparcamiento subterráneo y la demolición de los muros perimetrales de contención». Estiman que para reurbanizar de forma integral la parcela a su estado original se necesitarían 4 millones de euros adicionales. El director técnico de la Gerencia, aceptó la fianza propuesta por la promotora como «garantía de reposición de los terrenos a su estado original».

Licencia personal

Asimismo, los denunciantes advierten de que el gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, otorgó licencia a la primera fase de construcción pese al informe negativo de la subjefe del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia, la letrada Barrial Chamizo, que consideró «no se dan los requisitos necesarios para que la licencia pudiera resolverse favorablemente». Dicho informe está fechado el 16 de julio de 2007 y el mismo día, según consta en la denuncia, Manuel Marchena dicta una resolución personal concediendo la licencia. La resolución se adelantó una semana a la reunión de la ejecutiva de la Gerencia que podía tomar esa decisión.

En un tercer punto, la denuncia hace hincapié en que el entonces delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, ocultó al resto de capitulares en la junta de gobierno que aprobó el plan especial, que en su redacción se incluía la pretensión de elevar una torre de 50 plantas.

Y un informe que no llega
Por último, se hace mención a otro informe, éste de la arquitecto de la Delegación Provincial de Obras Públicas en el que también señala una serie de deficiencias del Plan Especial y sus contradicciones con el Plan General -fundamentalmente por cambio de calificaciones urbanísticas, reducción de las zonas verdes y de los equipamientos previstos en el PGOU-. En el informe se requiere la paralización de la tramitación del expediente del Plan Especial hasta su subsanación. El informe está fechado el 19 de marzo y del mismo tiene conocimiento el delegado de la Consejería tres días después, pero no se remite al Ayuntamiento hasta el 16 de abril, casi un mes después. Cinco días antes de que el documento llegue al Ayuntamiento ya se había aprobado de forma definitiva el Plan Especial por el Consistorio, alegando que la Consejería no había informado aún sobre el mismo. Hay que recordar que en aquellos días había enorme interés en el Ayuntamiento por proceder a colocar la primera piedra del proyecto antes de la campaña de las últimas elecciones municipales, aunque finalmente no pudo realizarse hasta el 17 de julio de 2007.