La Fiscalía estudia si abre o no diligencias por una presunta prevaricación de Urbanismo
En plena crisis financiera y en medio del debate sobre la posible fusión de las cajas andaluzas, la construcción de la torre de Cajasol -con 178 metros de altura y un presupuesto de 311 millones- no para (osadía o milagro, según se mire). Por eso sus detractores han vuelto a lanzar un SOS ante lo que consideran "ilegal", un "fraude" y "una tragedia" para Sevilla, económica, turística y culturalmente.
Los miembros de la plataforma Túmbala quisieron ayer alertar a los sevillanos, no sólo porque la Unesco podría sacar a Sevilla de la lista de ciudades con Patrimonio Mundial, sino porque -según afirman- la Comisión Europea admitió a trámite una denuncia por la falta de un informe de impacto ambiental, porque Aena abrió un expediente por empezar la obra sin su autorización (necesario por la altura del edificio) y porque ya están en marcha dos denuncias, una por la vía penal (que apunta un presunto delito de prevaricación cometido por la Gerencia de Urbanismo) y otra contencioso-administrativo (que pide la anulación de la licencia de obra). Cinco frentes contra un proyecto de Cajasol que, por ahora, sortea la crisis. La caja no quiso ayer responder a las duras críticas.
El 25 de julio empezará en Brasilia la reunión del Comité del Patrimonio Mundial para, entre otros muchos asuntos, aclarar si el rascacielos diseñado por César Pelli agrede el triángulo Alcázar-Catedral-Archivo de Indias, conjunto Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Si la Unesco hace suya la opinión de Icomos, Sevilla podría incluirse en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, antesala de la retirada del distintivo por el que muchas ciudades suspiran. Eso sí, el Comité podría optar por medidas light, como endurecer la llamada de atención a los promotores.
El vicepresidente de Icomos España, José María García de Miguel, visitó ayer las obras para trasladar a la Unesco que éstas, pese al requerimiento del pasado año, siguen en marcha. A su juicio, la Unesco suele hacer suya "las decisiones de Icomos", aunque sea un mero asesor.
Lo cierto es que el procedimiento hasta la exclusión podría durar más de cuatro años. El paisaje cultural de Elba, en Dresde (Alemania), ha sido el único excluido de la lista en contra del criterio del gobierno nacional y el proceso duró casi cinco años.
Mientras, la plataforma Túmbala mantiene su guerra. Por una parte, la Fiscalía anunciará la semana que viene si abre o no diligencias por un presunto delito de prevaricación cometido por la Gerencia de Urbanismo al aprobar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la torre, según denunciaron ciudadanos y asociaciones de defensa del Patrimonio. En la narración de los hechos se cita al entonces gerente, Manuel Marchena, y al director técnico, José Manuel Chinchilla.
Fernando Mendoza, arquitecto e impulsor del Manifiesto en contra de la construcción de la Torre Cajasol, sostuvo que el PERI vulnera "50 normas del PGOU", como no contar como superficie construida ascensores o escaleras.
Además, el 24 de febrero se presentó el escrito de interposición de un recurso ante el Juzgado Contencioso-administrativo número 14 de Sevilla que solicita la anulación de la licencia de obras. El juzgado sigue a la espera de que la Gerencia le remita los documentos requeridos.
¿Y por qué se ha tardado tantos años en acudir a los tribunales? Según el arquitecto José García Tapial, porque llevan "año y medio pidiendo el expediente a la Gerencia".
"Jamás vi un fraude como éste en una tramitación administrativa. Es un juego de trileros. La torre no aparece", apuntó Mendoza, quien ligó el proyecto a la venta de los terrenos de Tablada y a la politización de las cajas. El arquitecto Jorge Benavides incluso aludió a la "especulación urbanística" para explicar el empeño del Ayuntamiento, la Junta y el Estado por levantar la torre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario