Icomos reitera que la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar pueden entrar en la lista del patrimonio en peligro en la próxima cita del Comité de la Unesco
NOELIA MÁRQUEZ
La plataforma contra la Torre Cajasol ha iniciado dos procesos judiciales contra el proyecto y confía en que los tribunales frenen la obra del rascacielos que, según esgrime el arquitecto Fernando Mendoza, incumple hasta medio centenar de criterios y normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Son dos los procesos abiertos contra el proyecto: uno por la vía penal, que puede terminar con la imputación de políticos y técnicos del Ayuntamiento ante un presunto delito de prevaricación en la aprobación del plan especial para la torre; y otro por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, contra las licencias de obra. Fernando Mendoza, impulsor del Manifiesto contra la Torre Cajasol, recordó ayer otras denuncias abiertas: "una ante la Unión Europea, que está en curso, ante la ausencia de un informe del impacto ambiental; y otra en Aena, por el impacto de la torre sobre la seguridad aérea de San Pablo".
Junto a la plataforma que rechaza la Torre Cajasol, responsables del Icomos -organismo asesor sobre Patrimonio en la Unesco- visitaron ayer las obras para constatar que el proyecto no se ha paralizado pese al requerimiento del Comité Mundial del Patrimonio formulada el año pasado ante el posible daño del rascacielos sobre el paisaje cultural e histórico de la ciudad. "Es muy probable que el Comité Mundial del Patrimonio, que se reunirá a finales de julio en Brasilia, incorpore a Sevilla en la lista del patrimonio universal en peligro", explicó ayer Víctor Fernández, vicesecretario del comité español de Icomos. Esta lista negra de la Unesco es "el paso previo para que el conjunto formado por la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar sean retirados de la lista del Patrimonio Mundial, como ocurrió el año pasado con Dresde", añadió.
Miembros de la plataforma, que aglutina a diversas entidades ciudadanas, lanzaron ayer una llamada de atención a los responsables políticos ante el peligro de que la imagen de Sevilla se ponga en entredicho, en el ámbito mundial, por un rascacielos que, según denunció Mendoza, "no es viable ante la UE, ni ante Aena , ni ante la Unesco".
El abogado de esta plataforma ciudadana, Ángel Tarancón, explicó que la denuncia interpuesta por la vía penal está dirigida a los responsables del plan especial, que "incumple requisitos del PGOU". El arquitecto Mendoza explica, en este sentido, que el PGOU permite en el solar de la Cartuja -donde se construye la torre- 68.000 metros cuadrados de edificabilidad, de los cuales el 70,55% son para usos comerciales; pero en la licencia concedida por el Ayuntamiento se prevé 89.300 metros cuadrados edificables y sólo 10% tendrá uso comercial. "También se incumplen criterios de altura, ya que según el PGOU, en esta zona los edificios no deben superar las 6 plantas de altura". Mendoza reseñó, además, que el proyecto reduce los equipamientos previsto en el PGOU (de 26.000 metros cuadrados a 18.000) así como las zonas verdes.
Con estos datos, el vicepresidente del comité español en el Icomos, José María García, insistió en que "el impacto de la torre será muy grande en el paisaje de Sevilla" y recordó los informes negativos elaborados por expertos contra este edificio así como la advertencia del Comité Mundial de la Unesco que instó en 2009 a paralizar la obra. Mientras tanto los obreros continúa trabajando en los pilares del rascacielos y entre el 20 de julio y el 3 de agosto se conocerá la postura de la Unesco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario