
El TSJA ha admitido a trámite la demanda presentada por dos arquitectos y dos abogados para que la Junta de Andalucía acate la decisión de la Unesco y suspenda cautelarmente las obras del rascacielos
M.J.PEREIRA. ABC de SEVILLA Domingo 25-10-2009
El TSJA ha admitido a trámite la demanda presentada por dos arquitectos y dos abogados para que la Junta de Andalucía acate la decisión de la Unesco y suspenda cautelarmente las obras del rascacielos que Cajasol construye en la Cartuja por su impacto visual en los valores universales del Patrimonio Universal de Sevilla.
El TSJA ha ordenado a la Junta a que en el plazo de cinco días la remita todo el expediente, con el fin de señalar una vista y dictar una sentencia admitiendo o inadmitiendo la petición de que el alto tribunal conmine al Gobierno andaluz a paralizar las obras de la
Torre Pelli. La demanda ante el TSJA esta firmada por los arquitectos Fernando Mendoza -portavoz de la plataforma contra la Torre Pelli, que apoyan 400 profesionales de todos los sectores- y José García-Tapial, así como los abogados Ángel Tarancón y Juan Carlos Aguilar Moreno. El letrado Tarancón declaró a ABC que el TSJA ha admitido a trámite la demanda en un tiempo record: un día. ¿La razón? La demanda se ha presentado por el procedimiento especial de atiende a la protección de los Derechos Fundamentales. Los demandantes acudieron al TSJA después de que la Consejería de Cultura diera la callada por respuesta a la petición que formularon en julio pasado para que acatara la decisión de la Unesco y paralizara las obras de la Torre Pelli. Entonces, recordaron a la Junta que el pasado mes de junio el comité del Patrimonio Mundial de la Unesco adoptó una decisión urgiendo a España, país miembro, para que cese cualquier trabajo de construcción en este proyecto hasta que el Gobierno español no le proporcione más información sobre el proyecto, valore el impacto en los valores universales del Patrimonio Mundial de Sevilla y toda esa documentación sea completada y revisada por el Icomos.
Asimismo, los demandantes señalaron en su escrito ante la Junta que la Ley de Patrimonio Histórico Español establece que todas las administraciones del país quedarán sujetas a los acuerdos internacionales válidamente celebrados por España. En su opinión, es la Junta de Andalucía, y más concretamente la Consejería de Cultura, la encargada de tutelar el patrimonio histórico y hacer cumplir la petición de la Unesco de cese preventivo de las obras. Mendoza explicó que nos hallamos ante una posible «contaminación visual» de los extraordinarios valores universales del Patrimonio Mundial de Sevilla en el mismo sentido que lo hace el artículo 19 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.