El Ayuntamiento no detecta anomalías en las licencias de la Torre Pelli

Se espera un informe de Aviación Civil y la visita en octubre de la Unesco para revisar el impacto del edificio

ABC de Sevilla / Eduardo Barrera 22/09/2011

La amenaza velada por parte del Ayuntamiento de Sevilla que pendía sobre el rascacielos que Cajasol está levantando en La Cartuja va quedando disipada. El alcalde, el popular Juan Ignacio Zoido, había hecho ver —con matices pero lo hizo— incluso antes de lograr el triunfo en las municipales de mayo que revisaría las licencias de la denominada Torre Pelli para analizar pormenorizadamente si «todo cumple con la legalidad y se ha hecho todo en regla». Ser «escrupulosos», lo calificó planteando algunas dudas sobre el proceder administrativo y la relación entre los promotores y el anterior Gobierno municipal. Pero ayer mismo el nuevo delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, informó de que «no existen dificultades» en ese sentido ya que «todo esté de acuerdo con la legalidad y con la realidad de lo que se está haciendo, los técnicos no han detectado nada extraordinario y que no se ajuste a la normativa, las licencias están bien».

El responsable de la Gerencia expuso que están a la espera de un informe que han solicitado a Aviación Civil sobre la incidencia que puede tener la torre en los vuelos, así como de otro reclamado al Ministerio de Fomento, pero que lo demás «está en regla y con las licencias no hay dificultades». Eso sí, mostró la «gran preocupación del Ayuntamiento por el hecho de que el Icomos —organismo dependiente de la Unesco para la protección del patrimonio— se haya pronunciado sobre la posibilidad de que se pierda la calificación de Patrimonio de la Humanidad para la Catedral de Sevilla o el Alcázar a causa de la construcción de la Torre Pelli. Anunció Vílchez que los técnicos de ese organismo viajarán a Sevilla en octubre para revisar la obra, momento en que podrían definir esas posibles medidas sobre la catalogación de los grandes monumentos de la ciudad.

Además, en torno al rascacielos, el delegado informó de que se ha dejado sin efecto el convenio que firmó justo antes de abandonar el poder el anterior alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, por el que cedía a Cajasol los suelos donde actualmente se ubica la Gerencia de Urbanismo «a cambio de no se sabe qué, de algo intangible». Tras tratar el asunto con la entidad promotora de la torre, este extraño convenio ha sido anulado, si bien Vílchez no ofreció más explicaciones al respecto.

Pagos por Fibes

Por otro lado, el concejal se refirió, en su repaso a los cien primeros días en la Gerencia, a que ya se transfirieron la semana pasada un total de tres millones de euros a la Unión Temporal de Empresa (UTE) que lleva a cabo las obras de ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, sede de Fibes, en concepto de «certificaciones asumidas y contrastadas» por la empresa municipal del suelo Emvisesa, que tiene la encomienda de la obra, mientras que se abonarán otros dos millones «en los próximos días». Vílchez tuvo también que aludir a las discordancias entre Ayuntamiento y UTE, a dónde no hay acuerdo, centrando el problema de forma intencionada, porque sirve de medida de presión ante las constructoras, en «las placas de aluminio que se han desprendido en el auditorio, que suponen un gasto de un millón de euros y que no van a pagar los sevillanos; se está a la espera de un informe técnico con la solución, pero habrá que ver a quién le corresponde pagar eso, que no será al Ayuntamiento, que no va a afrontar eso». Eso sí, le pareció más llamativa a Vílchez esa cantidad de las placas desprendidas que los 12 millones de euros con los que «tenemos aún discrepancias, entre las que hay un mínimo porcentaje de obra realizada» y que son en estos momentos la mayor divergencia entre las partes. Con todo, el delegado aseguró que la UTE le ha prometido que en unos días reactivará la obra y ésta «irá como un tiro».

Ikea, «muy avanzado»

Además, Vílchez destacó que el proyecto de Ikea, que espera esté «mucho antes de final de año», no tiene porqué «implicar necesariamente una modificación puntual» del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), asegurando que la propuesta final será presentada a la Junta de Andalucía «sea o no necesaria» la aprobación por parte de la Administración regional. El edil del PP expuso que el asunto «está bastante avanzado y en la última fase de desbloqueo», aunque «pendiente de algunos flecos», si bien no quiso avanzar nada «hasta que no haya cuajado». Sí recalcó que «en otros sitios se ofrece suelo municipal gratuito y nadie dice nada, y aquí se trata simplemente de un acuerdo de Ikea con un privado al que el Ayuntamiento da una licencia».