El Correo de Andalucía - 21/06/2009 El asunto no estará entre los 133 casos con problemática patrimonial que, a escala global, revisará el Comité en su cita de Sevilla, pero se tratará extraoficialmente, de ahí que los colectivos en contra del rascacielos de Cajasol ya hayan organizado un calendario de actos.
Sólo el tiempo dirá si la Catedral, el Archivo de Indias y los Reales Alcázares acaban en la lista de Patrimonio en Peligro por el impacto negativo de la torre, obra del arquitecto argentino –nacionalizado norteamericano– César Pelli con una altura de 178 metros, 80 más que la Giralda. La pérdida de la categoría de Patrimonio Mundial de estos monumentos, a priori, parece complicada.
No obstante, pese al apoyo de las administraciones y a la legalidad del rascacielos, lo cierto es que hay precedentes en los que la presión de la Unesco ha bloqueado un proyecto. A los casos ya conocidos de Colonia y Oviedo –en los que el organismo de la ONU desautorizó y consiguió parar proyectos urbanísticos con rascacielos– se une ahora el de Praga. Recientemente, la Unesco ha mostrado formalmente su preocupación por la construcción en el barrio de Pankrác de varios edificios de unos 100 metros.
Si la Unesco no respalda el proyecto, Sevilla podría seguir los pasos de Colonia, a la que el organismo de la ONU incluyó en 2004 en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro ante la insistencia de las autoridades alemanas en construir en el barrio de Deutz un ambicioso proyecto urbanístico con cuatro rascacielos.
El tiempo apremia y la obra sigue su curso. El Ministerio de Cultura ha creado un comité de expertos para que analice la polémica y España se presente en la cita del Comité Mundial del Patrimonio de junio de 2010 (en Brasilia) con una postura única. Para entonces ya estará lista la cimentación de los 43 pisos (tres bajo rasante). Y es que el tiempo corre a favor de Cajasol. Los informes y las voces a favor y en contra se multiplican.
El promotor (Cajasol), el Ayuntamiento y la Junta defienden el proyecto y aseguran que no “agrede” al casco histórico. Es más, sostienen que da respuesta a lo planteado en el PGOU, que no tiene afección visual a pie de calle, en el corazón donde se ubican los monumentos protegidos, que los problemas de tráfico los solucionarán las administraciones con transporte público, que el edificio, pese a su altura, será “sostenible”, rentable y beneficioso para la economía de la ciudad.
En el otro lado del ring está la plataforma Túmbala, que pretende que los 178 metros se recorten. Este colectivo, que aglutina desde ecologistas hasta profesores universitario o entidades sociales de diversa índole, asegura que la torre “amenaza” los valores patrimoniales y paisajísticos del Centro; que va en contra del modelo de ciudad sostenible mediterránea; que su “errónea” ubicación creará un caos “espectacular” de tráfico e incluso que la especulación urbanística, en plena crisis, es éticamente “injustificable”, sobre todo porque viene “de una entidad financiera a la que se le supone una vocación social”. Además, apuntan que un rascacielos no moderniza una ciudad, ya que eso depende de la mentalidad de sus moradores.
Lo cierto es que el proyecto enclavado en Puerto Triana no se libra de la polémica y desde su nacimiento ha estado en la diana. Puerto Triana en sí arrancó en 1998, durante el mandato de Soledad Becerril (PP), como un ambicioso complejo con 87.000 metros cuadrados de edificabilidad, de los que al menos 72.000 eran para centros comerciales y de ocio. Ricardo Bofill diseñó una torre de 80 metros para la sede de las cajas de ahorro. Todo debía estar listo en la primavera de 2003. Con 150 millones de euros, generaría 5.000 empleos.
El resbalón vino cuando en 2003 la Consejería de Obras Públicas redujo de forma drástica la edificabilidad a 45.000 metros cuadrados, destinados sobre todo a centros administrativos, lo que llevó a replantearlo como sede de oficinas. Entonces abandonó el proyecto Rodamco, grupo especializado en centros comerciales.
El segundo escollo fue político: al llegar al Gobierno local, IU se opuso al proyecto. Los socios privados salieron del mismo y las cajas de ahorro sevillanas compraron su parte, retomando las negociaciones con el Ayuntamiento. Pasado un lustro, Puerto Triana volvió a empezar de cero en 2003. Tres años después, la Gerencia de Urbanismo aprobó el Plan de Reforma Interior incluyendo la posibilidad de construir una torre de entre 150 y 225 metros o dos edificios de 90 metros.
El Ayuntamiento apostó por un rascacielos para liberar el resto del espacio y disponer de un símbolo arquitectónico de la Sevilla de siglo XXI. Las cajas, por su parte, recelaron en un primer momento porque levantar más de 22 plantas supone un enorme gasto. Pero la entidad financiera cambió de opinión. El 17 de julio de 2007 se puso la primera piedra, tras un concurso de arquitectura basado en el diseño de un gran rascacielos. Y ya se construyen las pantallas que rodearán el recinto.
El Correo de Andalucía - 20/06/2009 Felipe Villegas“El debate sobre el impacto del rascacielos en los Lugares Patrimonio de la Humanidad no está en el programa del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco”, aclara José Jiménez, director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Pero añade: “Un comité de expertos analizará el caso, que es muy complejo”.
El Ministerio de Cultura adopta una posición salomónica. Tras escuchar a las dos partes (los que están a favor de la construcción de un rascacielos de 178 metros de altura en La Cartuja y los que se oponen por, entre otras razones, el “atentado paisajístico” que supondrá sobre el Casco Histórico de la ciudad), ha decidido que lo mejor era crear un grupo de expertos de solvencia profesional que analice el tema sin prisas pero sin pausa con vistas a emitir una resolución que será la que el Gobierno de España defienda ante la Unesco. Y como ese comité de expertos se ultimó ayer en su mayor parte, queda claro que el asunto no estará entre los 133 casos con problemática patrimonial que, a escala global, revisará el Comité de Patrimonio Mundial en su cita de Sevilla, que arranca el lunes.
En declaraciones a El Correo, Jiménez defiende que “ante un caso tan complejo, lo mejor es que sean los estudiosos quienes estudien el posible impacto de la Torre Pelli sobre los Lugares Patrimonio de la Humanidad de Sevilla” [el Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias]. Y adelanta los nombres: por parte del Estado, presidirá ese comité el catedrático de Teoría e Historia de la Restauración de la Universidad de Alcalá de Henares, Javier Rivera Blanco; y también en nombre del ministerio están Carlos García Vázquez, catedrático de Arquitectura de la Hispalense; y Juan Miguel Hernández de León, de la Escuela de Arquitectura de Madrid.
La Junta de Andalucía ha designado al arquitecto y profesor titular de Proyectos Arquitectónicos Pablo Diáñez Rubio, mientras que los intereses municipales los defenderá el arquitecto y ex consejero de la Junta Jaime Montaner. Según Jiménez, a estos cinco miembros podrían agregarse dos más: uno de la Unesco y otro de Icomos Internacional (la ONG vinculada a la Unesco y que representa la voz crítica con el proyecto de rascacielos). “Estamos pendientes de que confirmen si aceptan la invitación”, apuntó.
Por delante tendrán poco menos de un año –hasta la cita anual del Comité Mundial del Patrimonio de junio de 2010, que será en Brasilia– para intentar consensuar una postura única.
La pregunta es obvia: si estos expertos van a llevarse un año sopesando si hay o no daño directo o indirecto sobre el vértice de oro patrimonial de Sevilla, y en paralelo los trabajos previos a la construcción de la torre marchan a doble turno de trabajo, ¿qué pasaría si el dictamen al final fuera contrario a la torre? Jiménez es tajante: “No sería serio que España transmita ante la Unesco que el asunto se está reflexionando a fondo y que a la vez nos pudiéramos encontrar, al cabo de un año, con una política de hechos consumados contradictoria. De todas formas, hasta donde sé, esos trabajos están en una fase muy previa, pero en cualquier caso, le reitero: si vemos que la obra avanza rápido, intentaremos que el trabajo de nuestros expertos se acelere más. No vamos a permitir que se pueda producir un daño irreversible a la ciudad antes de que consensuemos una postura al respecto”.
Y apostilla: “Lo que dirimimos no es si el proyecto es o no legal, sino si se ajusta a la normativa supranacional de la Unesco”.
2 comentarios:
De los cinco miembros de la Comisión, al menos dos están, de partida, a favor del rasca. No vemos ninguna voz independiente. Y eso de "trabajar" con al obra a doble turno, !!!!Menos cachondeo!!!
Además, no es solo el impacto de la torre sobre los monumentos mundiales ¿y Triana? ¿Y el Puerto de Indias? ¿Y la vega del Guadalquivir? La comisión, ¿va a debatir la ilegalidad de la torre? Vamos, anda
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