No es cierto lo afirmado por el alcalde sobre la Torre Cajasol

Y nos ofrecemo a aclarárselo en la reunión que esperamos desde julio

Las plataforma Túmbala y el colectivo Manifiesto contra la torre Cajasol quieremos puntualizar las últimas declaraciones del alcalde de Sevilla sobre este rascacielos, recogidas por la prensa, en las que afirma que la ciudad “no necesita” la torre, pero que ésta cuenta con "todas las bendiciones legales", añadiendo que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) preveía su emplazamiento. También insiste en que no va a poner en riesgo la declaración como Patrimonio Mundial de los monumentos sevillanos por culpa de esta obra; lo que conllevaría, si la obra se parara por esta razón, "una serie de indemnizaciones a las que tendría derecho Cajasol"

Al respecto de estas afirmaciones, le pedimos al alcalde que indique en qué lugar del Plan General se prevé la construcción del rascacielos. Porque lo que recoge el Plan General es que en este enclave habrá de alzarse un “edificio de calidad”, lo que no significa que haya de ser necesariamente una torre. También que explique cómo puede ser legal la torre si, entre otras vulneraciones de peso, incrementa en un tercio la edificabilidad fijada por el Plan General; cambia el uso prioritario del comercial al de oficinas; disminuye las superficies previstas para zonas verdes y equipamientos; e incrementa la altura de cuatro plantas a cuarenta. Porque quieremos saber cómo son posibles todas estas burlas a tan esenciales determinaciones de planeamiento sin mediar una Modificación del Plan General.

Así mismo, le pedimos que explique cómo esta torre puede ser compatible legalmente con el derecho de la sociedad sevillana al “paisaje heredado”, que establece el Plan General. Un paisaje del cual él mismo es garante último, como alcalde que es.

Sobre la legalidad de que gozan las licencias según el alcalde, queremos hacer notar que si la revisión de las mimas la han realizado los mismos responsables que en su día las concedieron, es del todo esperable que su conclusión no pueda ser otra: todo es más que legal. ¡Pues claro! Es lo que se llama un juicio de parte, Sr. Alcalde. Antes de que sea aún más tarde, le convendría mucho a la ciudad y a usted también que especialistas independientes examinaran la supuesta legalidad de la operación. Porque con las irregularidades que detectaron los expertos de las entidades ciudadanas se llenaron las más de cien páginas del Libro Negro de la Torre Pelli.

En relación con la tan cacareada indemnización a Cajasol, igualmente emplazamos al alcalde a que especifique públicamente en base a qué conceptos y qué cantidades concretas serían esa “serie de indemnizaciones”. Porque, según los cálculos hechos por las entidades, su cuantía sería 200 veces menor que la millonada apuntada por quienes tienen intereses particulares en la erección de la torre.

Y, ya que hablamos de dinero, también le exigemos al alcalde que informe de si piensa reclamarle a Cajasol el pago de lo que dicha caja le adeuda al Ayuntamiento con motivo de esta actuación: las tasas en concepto de ocupación del solar municipal contiguo al de la torre, que se viene usando como cajón de obras; las tasas por urbanización; la actualización de la tasa de licencias debida al incremento del costo de la edificación. Así mismo, el alcalde debería explicar qué fue del aval obligatorio de las obras de la torre... En total, unos cinco millones de euros según nuestros cálculos. Hay que señalarle al Sr. Alcalde que por débitos muchísimo menores el Ayuntamiento ha paralizado infinidad de obras. ¿Puede el alcalde explicar por qué a Cajasol se le pasa la mano, y tan descaradamente?

Por otra parte, también le exigimos al alcalde que informe de si tiene pensado cumplir las tres Decisiones del Comité de Patrimonio Mundial, acordadas en sus tres últimas reuniones (en Sevilla, Brasilia y París), en las que pide la paralización de los trabajos y la reconsideración del proyecto hacia otro de baja altura. Decisiones obligatorias para todas las Administraciones Públicas españolas, incluido el Ayuntamiento, según la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Y por último, le vuelvemos a solicitar al alcalde una reunión en la que podrían aclararse muchas cosas, en beneficio de la ciudad. Una reunión que aún esperamos desde que la solicitamos en julio pasado.